HAGAMOS UN RECORDERIS ¿FUE Y ERA LEGITIMO NEGOCIAR CON LOS “PARAS”? ARRECIAN EN EL GOBIERNO IVAN DUQUE MARQUEZ.

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Por: Edgar Iriarte Velilla, Administrador Público, Administrador Educativo y Especialista en Finanzas Públicas.

Uno de los temas que generó más escollos en la opinión pública, la academia y diversos sectores políticos, fue la pregunta por la legitimidad de las negociaciones con los paramilitares, pues para un amplio sector la idea de entablar conversaciones con estos grupos, lejos de responder a una verdadera política de paz del gobierno de Uribe Vélez, obedecía más bien a una intención acomodada de legalizar las fortunas de un grupo de individuos que más que enemigos del Estado habían sido sus aliados en la lucha “contrainsurgente” para su conveniencia.

Recordemos en el gobierno de Uribe Vélez  en el 2004 ordeno recibir a  los líderes supremos del Paramilitarismo Ramón Isaza y Ernesto Báez y la intervención de Salvatore Mancuso en el Congreso de Colombia y que fue aplaudido por los Congresistas teniendo los paramilitares la mayoría  en el Congreso de Colombia y con entusiasmo el Presidente de Colombia de la época Álvaro Uribe Vélez quien nunca ha sido opositor del paramilitarismo dijo con gran GOZO “NO TENGO OBJECION A QUE SE LES DEN ESTAS PRUEBITAS DE DEMICRACIA” siendo esto muestra de arrodillamiento ante el jefe Paramilitar por la plenaria del Congreso de Colombia.                                                                               

Sin embargo, esta idea debe ser matizada, pues aunque no se trataba de delincuentes políticos, ya que en lugar de atacar el estatus quo, los paramilitares actuaban según ellos en pro del estado, y además carecían de un fin altruista, tampoco puede señalarse tajantemente que eran únicamente de delincuentes comunes. Pese a que eran actores pro sistémicos, y que establecieron fuertes alianzas con el establecimiento y con varios sectores de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que culminada la etapa de toma del territorio por parte de los paramilitares de manos de la guerrilla, se seguía una etapa en la que no procedían a devolverle su dominio al Estado para que ejerciera su soberanía de manera legítima, sino que llegaban para quedarse y establecer su propio orden de facto con unas reglas propias y diferenciadas. En las regiones donde operaron, las AUC no sólo ejercieron un indiscutible poder militar, sino que comenzaron a construir un poder político que se materializaba en la importancia de la verdad judicial, no sólo radica en que conlleva a la sanción de los responsables de las violaciones, sino que al ser establecida por un órgano del Estado, implica que éste reconoce a través de la sentencia la ocurrencia de las atrocidades, es decir, aunque nadie desconoce los beneficios y ventajas de una comisión de la verdad, en algunos casos puede suceder con mayor facilidad que el Estado niegue los hechos establecidos por estos organismos, o incluso le reste carácter vinculante a sus recomendaciones. En cambio, la verdad establecida por el juez, es la verdad oficial, verdad de la que el Estado ya no puede sustraerse, ni negar, porque fue él mismo quien la construyó. Ese mínimo de verdad que se logra establecer en el proceso judicial, constituye un escudo contra las pretensiones negacionistas de muchos sectores del Estado. Potestad de ofrecer seguridad y protección, crear e imponer una suerte de contribuciones a cargo de la población que se asemejaban bastante a los tributos, e incluso podían impartir y administrar justicia, funciones que son inherentes al Estado. Es decir, que aunque carecían de la legitimidad de éste, eran poseedores de un poder político que les permitía entrar a disputarle el poder soberano. Por esta razón, puede afirmarse que pese a su carácter pro sistémico, los paramilitares en lugar de fortalecer la soberanía estatal, la debilitaron, pues su presencia ponía en tela de juicio el monopolio de la coacción, al instaurar un orden de facto en el que se desconocían las reglas del Estado de derecho y además se modificaba la calidad de ciudadano. Por eso, quien quiera que reduzca el fenómeno de las autodefensas llamadas hoy día paramilitares como política de Estado a un simple proyecto contrainsurgente, o a puros narcotraficantes, o a facciones criminales que se despojaron del control del establecimiento, está pasando por alto sus profundas implicaciones en la configuración del Estado y la sociedad en Colombia durante los inicios del siglo XXI”.

La soberanía ha permanecido en vilo, en disputa por largos períodos. Es decir, se mantienen por tiempo indefinido los estados de guerra, permitiendo que en varias regiones del territorio nacional se configuren órdenes alternativos de facto con pretensiones también soberanas. En estos espacios se definen formas particulares y no convencionales de hacer y representar la política, de usar los recursos colectivos y de fuerza; se trazan fronteras y se delimitan territorios exclusivos; se instalan autoridades y mandos alternativos; se establecen circuitos de poder a través de los cuales se mantiene, en los espacios controlados de esta manera, la capacidad para tomar decisiones soberanas: desplazar población no confiable y concitar obediencia y acato de quienes allí residen, bien sean éstos ciudadanos corrientes o representantes y administradores del poder público                                       

Ahora bien, lo lógico sería entonces que para acabar con el estado de guerra, el Leviatán, es decir, el Estado hiciera uso de la fuerza para someter a los sujetos que compiten por la soberanía. Sin embargo, si antaño los estados nación modernos se construyeron luego de sangrientas batallas en las que predominó el uso de la violencia, hoy en día, las circunstancias han cambiado: si hace unos siglos la muerte de miles de ciudadanos era un precio razonable que el soberano estaba dispuesto a pagar para superar el estado de guerra, y se hubiera considerado descabellado negociar con los actores que entraban a competir por el ejercicio de la soberanía, hoy un razonamiento de este talante se asemeja más al absolutismo que a la construcción legítima del estado-nación. Es decir, que ante casos como el de Colombia, en los que aún se vive una situación de incertidumbre en la que el poder soberano no está en manos de un solo actor, el estado tiene dos opciones, o bien, opta por someter a la fuerza a quienes se atreven a poner en entredicho el monopolio de la coacción, con el elevado costo humano que ello implica, o acepta la necesidad de negociar para ponerle fin a los órdenes de facto de manera pacífica. Ante la catástrofe humana que implica la primera opción, es lógico que se quiera optar por la última. Incluso, si estas razones de corte humanitario parecen deleznables, razones pragmáticas hacen de la salida negociada la opción más plausible, pues hoy, a diferencia de lo que ocurría hace tres siglos, los Estados ya no actúan en silencio, sino que sus actuaciones están siempre sometidas al escrutinio constante de la comunidad internacional la cual en esta negociación no intervino porque fue directamente supervisada y autorizada por el gobierno Uribe Vélez sin tener en cuenta también la sociedad civil y en la actualidad quien fuera el Comisionado de Paz Luís Carlos Restrepo Ramírez sigue como prófugo de la justicia por su responsabilidad en la falsa desmovilización del Frente Cacica la Gaitana de las FARC y de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada del grupo paramilitar AUC y en su contra pesa una orden de captura Internacional.                                                

Por esta razón, aunque para muchos la decisión de negociar con los paramilitares unilateralmente por el Gobierno Uribe Vélez pudo resultar desconcertante y acomodada, no puede perderse de vista que aun si el Estado hubiera tenido la capacidad militar para someter a los paramilitares en lugar de negociar con ellos falsamente, esa decisión hubiera llevado a una confrontación armada de mayúsculas proporciones que hubiera tenido un elevado costo en vidas humanas, pues se insiste, pese a sus nexos con el Estado, los paramilitares no hubieran estado dispuestos a ceder sin reparos el incipiente pero influyente poder político que tenían en sus manos que les había entregado el gobierno Uribe Vélez, y que trascendía al poderío militar, toda vez que como ya lo señalé, no sólo tenían la capacidad de ejercer presencia militar en las regiones, sino también de ejercer ciertas funciones propias del Estado. Se trataba entonces de un actor armado, que tenía la capacidad de competir por la soberanía estatal, circunstancia que impedía que se le pudiera tratar como a un simple delincuente común, por lo que la intención de negociar con estas agrupaciones no era en realidad ilegítima, lo ilegítimo se predica más bien de la falta de transparencia tanto hacia las víctimas como hacia la sociedad en general, que caracterizó a todo el proceso de negociación.

“PREFERIRIA LA PAZ MAS INJUSTA  A LA MAS JUSTA DE LAS GUERRAS”